Resumen: Las medidas sanitarias encuentran su justificación en el informe de situación epidemiológica emitido por la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. En la localidad afectada el riesgo de padecer COVID-19 entre los residentes ha sido claramente superior al riesgo global de los residentes en el conjunto de Extremadura. El porcentaje de casos en los que no se puede establecer una trazabilidad es elevado, lo que comporta un alto riesgo de transmisión comunitaria sostenida, siendo la tendencia esperada para los próximos días la del aumento, tanto de los casos como del riesgo de transmisión. Las medidas sanitarias solicitadas cumplen con los siguientes parámetros: 1. La existencia de un riesgo inminente y extraordinario que justifica la adopción de las mismas. 2. Las medidas han sido adoptadas por la Autoridad Sanitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 3. Las medidas se consideran urgentes y necesarias para la salud pública y son proporcionadas. El título legal que habilita a la Administración para adoptar estas medidas es el mismo sea en el espacio público o privado, y en cuanto a la limitación de más de diez personas en el espacio privado valoramos que resulta notorio que se están produciendo numerosos contagios en el espacio privado donde las medidas de precaución se relajan e incluso carecería de lógica que en el espacio público no puede haber reuniones de más de diez personas y ello fuera posible en el espacio privado.
Resumen: La Sala establece la responsabilidad del acusado, que fue sorprendido realizando una acto de venta de droga. La Sala aplica el tipo atenuado establecido en el art. 368.2 CP, teniendo en cuenta la menor gravedad del hecho y las circunstancias personales del acusado. En concreto, la sentencia, que incluye referencias a la jurisprudencia del TS, destaca el lugar que ocupa el acusado en la cadena de distribución de droga (último eslabón), así como la escasa cantidad de droga intervenida. Asimismo, la Sala recuerda que la donación también es una conducta punible en cuanto constituye un acto de favorecimiento. Al respecto, la sentencia incluye una referencia pormenorizada a la jurisprudencia del TS. No se sustituye la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional, que en las concretas circunstancias del caso examinado se considera que es una medida desproporcionada.
Resumen: En el recurso de apelación no le corresponde al Tribunal formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció para, a partir de ella, confirmar o no la valoración del tribunal de instancia. Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del tribunal a quo se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad. Debe concluirse que el testimonio de la víctima supera el criterio de persistencia en la incriminación al no haberse producido modificaciones esenciales en la sucesivas declaraciones prestadas por la víctima. También concurre la corroboración del testimonio a partir de las secuelas producidas por las lesiones y objetivadas en informes médicos. Dilaciones indebidas: la referencia para la ponderación del tiempo transcurrido no puede ofrecerla la fecha de comisión de los hechos, sino la de incoación del procedimiento o, siendo más precisos, la de imputación del denunciado. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir el derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable en el derecho de todo delincuente a ser descubierto e indagado con prontitud.
